Viviendo y Aprendiendo

  Con motivo de la última publicación en este blog del reto 4 y, después de una reflexión personal concienzuda de mi puesto de trabajo, he tenido a bien adoptar como reto personal el adoptar un lenguaje sencillo y no sexista en mis comunicaciones con el resto de los compañeros y compañeras, así como aquellos textos administrativos dirigidos a la ciudadanía. Dado que en mi puesto de trabajo no tengo apenas relación con la ciudadanía directamente, más allá de la redacción y edición de textos que luego son publicados en la web o dando respuesta a determinadas quejas de los solicitantes del IMV, a continuación voy a exponer un decálogo de medidas a adoptar para elaborar textos administrativos sencillos, claros y dirigidos a una ciudadanía heterogénea, pero sin obviar el sometimiento de las comunicaciones, requerimientos y resoluciones al cumplimiento de la normativa vigente.   DECÁLOGO sobre medidas y/o recomendaciones a adaptar por todo empleado público en la redacción de documentos

     El año 2020, con la declaración de la pandemia por la COVID-19, se procedió entre otras medidas a instaurar de forma generalizada la Cita Previa en las consultas y trámites en prácticamente todas las Administraciones; lo cual ha incrementado la brecha digital y la disfuncionalidad de ejercer sus derechos para todas aquellas personas con nulas o mínimas capacidades digitales.      Este extremo ha sido fuertemente criticado desde diferentes ámbitos y, sin entrar a debatir la vulneración de derechos de los administrados, ha supuesto un impulso necesario en la digitalización de todos los procesos y trámites realizados en las diferentes Administraciones como línea estratégica en el proceso de modernización de la Administración que ya recogía la LPAC (Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo).      Uno de los mayores logros en este aspecto y, en mi opinión un verdadero ejemplo a seguir, ha sido la puesta en marcha del servicio MI CARPETA CIUDADANA ( https://carpetaciudadana.gob.e

  En el momento actual, la evolución de la Administración General del Estado y del resto de entidades autonómicas y locales, hacia una plena digitalización, es una tendencia imparable. Sin embargo, se ha evidenciado una preocupante discriminación hacia un grupo de la población altamente vulnerable: las personas de mayor edad. A medida que los servicios públicos migran hacia plataformas on line o web, muchas personas mayores se enfrentan a barreras tecnológicas que limitan su acceso a estos servicios básicos y sus derechos fundamentales. Esta discriminación digital plantea serias implicaciones en términos de igualdad de acceso y justicia social. A partir de este momento, se puede lanzar una cuestión fundamental para abordar si estamos ante una discriminación directa, pues deniega el acceso total a ciertos servicios públicos, o bien si estamos ante una discriminación indirecta por cuestión de la edad, aumento de la brecha intergeneracional que ralentiza o dificulta el acceso a servicio

  Carta de Presentación Mi nombre es Francisco Pomarino y actualmente soy Jefe de Servicio del Ingreso Mínimo Vital en la Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal de la Dirección General del INSS. Comencé mi carrera administrativa en tierras andaluzas como Técnico Facultativo en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía para años más tarde trasladarme, también como Técnico, en la Dirección General de Industrias Agroalimentarias de la Junta de Castilla y León. Si bien mi carrera profesional siempre ha girado en torno al ámbito de la agricultura y la ganadería como ya habréis deducido, soy ingeniero agrónomo de formación, nunca he descuidado mis inquietudes más sociales y de servicio público a las personas. En la actualidad formo parte del equipo de gestión del Ingreso Mínimo Vital, como una prestación no contributiva del sistema de Seguridad Social, de la cual me siento especialmente orgulloso como partícipe desde su creación y puesta en mar