El INGRESO MÍNIMO VITAL como ejemplo de buenas prácticas de las Administraciones Públicas en la lucha contra el edadismo y la discriminación por la falta de habilidades digitales, a través de la facilitación, acompañamiento y seguimiento en el uso de trámites administrativos.
El año 2020, con la declaración de la pandemia por la COVID-19, se procedió entre otras medidas a instaurar de forma generalizada la Cita Previa en las consultas y trámites en prácticamente todas las Administraciones; lo cual ha incrementado la brecha digital y la disfuncionalidad de ejercer sus derechos para todas aquellas personas con nulas o mínimas capacidades digitales.
Este extremo ha sido fuertemente
criticado desde diferentes ámbitos y, sin entrar a debatir la vulneración de
derechos de los administrados, ha supuesto un impulso necesario en la
digitalización de todos los procesos y trámites realizados en las diferentes
Administraciones como línea estratégica en el proceso de modernización de la
Administración que ya recogía la LPAC (Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo).
Uno de los mayores logros en este
aspecto y, en mi opinión un verdadero ejemplo a seguir, ha sido la puesta en
marcha del servicio MI CARPETA CIUDADANA (https://carpetaciudadana.gob.es/carpeta/clave.html).
Sin embargo, la acreditación de la identidad electrónica para su acceso supone
una limitación para colectivos de especial protección como son nuestros mayores
y aquellos sectores de población con carencias digitales o sin acceso a
internet.
Por otro lado, al igual que nos
encontramos con la falta de habilidades digitales en la ciudadanía, también
debemos mirar hacia nuestras propias organizaciones, donde la aversión al
cambio y adopción de nuevas herramientas electrónicas supone una menor calidad
en el servicio público prestado y la atención al ciudadano. Por ello no debemos
obviar la propia formación en habilidades y usos de herramientas digitales de
los empleados públicos, en especial aquellos de mayor edad o con dificultades
de acceso, con acciones formativas específicas destinadas a ellos y,
obviamente, dotando a estas organizaciones de equipos informáticos y herramientas
para el acceso remoto a sus puestos de trabajo.
Ante la situación expuesta y con
el fin de acercar la Administración a los ciudadanos, eliminando cualquier tipo
de barrera tecnológica o habilidad digital, las diferentes administraciones
públicas han creado las denominadas Oficinas de Atención al Ciudadano o las
Aulas Digitales, especialmente en el ámbito de las Entidades Locales, como
facilitadoras en la realización de trámites administrativos y de acompañamiento
a personas con una mayor dificultad digital.
1. Ejemplo de una práctica
inclusiva y colaborativa entre la Administración y las Entidades del Tercer
Sector de Acción Social.
Sin embargo y por centrar este
artículo en una experiencia concreta, me gustaría destacar una experiencia práctica
desarrollada entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
(MISSMI), junto con las entidades del Tercer Sector (ONG´s y colectivos de la sociedad
civil) que han implantado, al amparo de la Ley 19/2021 de Ingreso Mínimo
Vital, una experiencia destinada a
formar a estas entidades del Tercer Sector para que implanten programas de
facilitación de presentación de solicitudes de la prestación de Ingreso Mínimo Vital
(IMV), así como su acompañamiento y seguimiento de aquellas personas solicitantes
de esta prestación, bien por no contar con los medios tecnológicos y digitales
adecuados o por su dificultad con el idioma o su integración social.
2. Ámbito de aplicación.
A través de la Secretaria General
de Inclusión del MISSMI se ha creado el Registro de Mediadores Sociales,
destinado a aquellas entidades del Tercer Sector, que pretenden desarrollar medidas
en el ámbito del IMV.
Ésta y otras medidas se engloban
dentro del Plan de Accesibilidad del IMV que puedes consultar en el enlace siguiente
y que está destinado a la agilización de procesos, cercanía y accesibilidad, y
transparencia.
La inscripción en el Registro de
Mediadores Sociales implica el cumplimiento de una serie de requisitos que, a
su vez, permiten la Colaboración de las Entidades del Tercer Sector de Acción
social en la gestión de la prestación de IMV.
Esta medida esta destinada
fundamentalmente a facilitar el acceso a todas aquellas personas en situación
de vulnerabilidad económica y riesgo de exclusión social, así como a diseñar
actuaciones dirigidas a rebajar la brecha digital de las personas solicitantes
de la prestación de IMV a través de solicitudes web presentadas sin certificado
digital.
Dicho Registro de Mediadores Sociales
puede ser consultado en la siguiente url:
https://www.inclusion.gob.es/web/inclusion/ingreso-minimo-vital/registro-mediadores-sociales-imv
Actualmente hay 11 entidades
registradas que, por su diversidad, da una idea de la amplitud de los
colectivos a los que va dirigida esta medida.
-
Cruz Roja Española
-
Cáritas Española
-
ACCEM
-
Fundación Cruz Blanca
-
Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
-
Provivienda
-
Fundación Secretariado Gitano
-
Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes
-
Confederación de Centros de Desarrollo Rural
(COCEDER)
-
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL)
-
Confederación Plena Inclusión España
Además, la inscripción en este
registro implica la participación de estas entidades en el Consejo Consultivo
del IMV.
Entre las medidas adoptadas para facilitar
el acceso a la prestación de IMV, destacan:
- - . Puesta en marcha y posicionamiento en los buscadores de internet de una web para solicitar el IMV de forma on-line.
- - . Detección y movilización de las personas elegibles para el IMV en situación de non take-up.
- - Facilitar la presentación de solicitudes IMV para aquellas personas que carecen de Certificado Digital.
- - Acompañamiento de estas personas vulnerables y seguimiento de la situación personal de las mismas como beneficiarios del IMV.
Con todo, la principal
funcionalidad de esta colaboración es la de informar, divulgar y presentar la
prestación de IMV como una medida que salvaguarda la responsabilidad social de
un estado con su ciudadanía más vulnerable.
Igualmente, facilitar el acceso a
esta prestación, suprimiendo cualquier barrera digital que permite llevar la
administración al ciudadano, permite dar agilidad y efectividad en la
tramitación y gestión de la prestación de IMV.
En el siguiente enlace se puede
conocer parte de la labor que desarrollan las Entidades del Tercer Sector y,
más concretamente de una entidad ampliamente conocida como es Cruz Roja España:
https://www2.cruzroja.es/-/ingreso-minimo-vital-acompanamos-a-quienes-lo-soliciten
3. Resultados del Plan de Accesibilidad
del IMV en cifras.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha
llegado hasta enero de 2024 a 747.147 hogares en los que viven 2.194.953
personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS).
No obstante, el INSS no ofrece
actualmente cifras exactas de todos aquellos perceptores de la prestación de
IMV que se benefician de las actuaciones conjuntas desarrolladas por el MISSMI
y la Entidades del Tercer Sector, las cifras anteriores son elocuentes del
impacto socioeconómico a mejorar los hogares en situación de vulnerabilidad económica.
Baste también la amplitud de la
prestación de IMV teniendo en cuenta que cerca de un millón de perceptores son
menores de edad (43%) y en el 68,3% de los hogares hay, al menos, un niño/a o
adolescente.
Por último, debemos poner en relieve que la colaboración entre Administración (MISSMI) y Entidades del Tercer Sector no sólo se limita a facilitar el acceso a la prestación a través de la presentación de solicitudes vía web sino que abarca también:
- Itinerarios de Inclusión Social.
https://revista.seg-social.es/-/20220517-itinerarios-imv
- Acreditación de requisitos de acceso a la prestación de IMV mediante emisión de certificados por Entidades del Tercer Sector de Acción Social.
En conclusión, todas las medidas
anteriores tienen un carácter win to win en el que, los principales beneficiarios,
de las mismas son todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad
económica y riesgo de exclusión social. Por un lado, la transmisión de solicitudes
IMV on line, a través del acompañamiento a los solicitantes, minimiza los errores
de los formularios y, por otro lado, se facilita que posteriormente puedan
incorporar a estas solicitudes toda aquella documentación que se pueda requerir
en su tramitación.
4. Análisis DAFO del Plan de
Accesibilidad del IMV y la colaboración en la gestión entre el MISSMI y las
Entidades del Tercer Sector de Acción Social.
En este último punto y, sin
profundizar en el impacto directo de las medidas que componen el Plan de Accesibilidad
del IMV, vamos a realizar un breve análisis que presenta las Situaciones a
Mejorar (Debilidades) y Fortalezas que se pretende exponer respecto de
facilitar el acceso a la prestación de IMV de todas aquellas personas en
situación de vulnerabilidad y luchar contra la posible discriminación por edad
o falta de habilidades digitales de los solicitantes de IMV.
Por tanto, si tomamos como BUENA
PRÁCTICA la facilitación, acompañamiento y seguimiento de la presentación
telemática de solicitudes IMV a través de las Entidades del Tercer Sector de Acción
Social, podemos determinar:
-
SITUACIONES A MEJORAR (DEBILIDADES):
o
Incrementar la formación en la prestación de IMV
a las personas que colaboran y/o trabajan en Entidades del Tercer Sector.
o
Formación en habilidades digitales del personal
del INSS y de las Entidades del Tercer Sector.
o
Evitar que las Entidades del Tercer Sector sean
vistas como meros facilitadores en la presentación de solicitudes IMV.
o Implantación y seguimiento de planes de formación dirigido a personas con dificultades de acceso a internet y/o con carencia de habilidades digitales.
-
FORTALEZAS:
o
Reducción de los tiempos de resolución de las
solicitudes de IMV presentadas a través de las Entidades del Tercer Sector:
solicitudes con documentación completa a presentar.
o
Detección de personas en situación de
vulnerabilidad económica y/o riesgo de exclusión social.
o
Implantación de una solución mixta que permita
la presentación de solicitudes IMV on line o presencialmente en los Centros de
Atención e Información del INSS (CAISS).
o
Difusión de la Administración Electrónica a la población
más vulnerable o con desafección por los medios digitales.
Para finalizar y, además de los
enlaces anteriores, aquí podéis consultar otras fuentes consultadas para la
redacción de este artículo.
https://www.aragon.es/tramites/personal-habilitado
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